Establece las bases del Estado mexicano, define la organización del poder público y reconoce los derechos de las personas; en materia de telecomunicaciones, este marco se traduce en el reconocimiento del acceso a las tecnologías de la información y la comunicación como un derecho, el dominio de la Nación sobre el espectro radioeléctrico como recurso estratégico, la existencia de un órgano regulador que promueve condiciones de competencia y desarrollo eficiente, así como la rectoría del Estado para orientar el sector al interés público y las facultades del Congreso para expedir las leyes que lo regulan.